El Juicio contra Venezuela en la Corte Penal Internacional: La verdadera Historia por José Emilio Castellanos

Fecha: febrero 13, 2018 11:35 am Publicado por:

By Redacción

Foto: referencial

(12 de febrero de 2018. El Venezolano).-La muerte del español (naturalizado venezolano) José Antonio Gamallo Díaz, de 45 años, en la llamada Masacre de Puente Llaguno, Caracas, a escasas cuadras del Palacio Presidencial de Venezuela, en los sucesos 11 de Abril de 2002, abrió las puertas de la Corte Penal Internacional al ya voluminoso expediente contra el régimen del teniente.coronel Hugo Chávez Frías y posteriormente de Nicolás Maduro, por delitos de lesa humanidad.

José Antonio Gamallo, de 45 años, había llegado a Venezuela cuando contaba 9 años, procedente de su natal Pontevedra, Galicia, España. Era uno de los manifestantes opuestos al régimen que marchaban cuando fueron alcanzados por disparos de grupos de civiles armados conocidos como Círculos Bolivarianos, organizados por el gobierno. Gamallo fue recogido en la calle, con un disparo en la cabeza, trasladado al Hospital Vargas, donde falleció, mientras en el país se producía la renuncia y el retorno de Hugo Chávez al poder, en pocas horas.

El caso Gamallo llegó al gobierno de España de manos del internacionalista y abogado venezolano William Cárdenas Rubio, quien había sido diplomático en Madrid y asesoraba a las primeras víctimas del régimen chavista. José María Aznar ocupaba la presidencia de España.

William Cárdenas, nos narra el tortuoso camino y obstáculos que se han tenido que vencer para para obtener la atención de la justicia internacional en éstos casos. Es Director de Consultores Cárdenas, Madrid, España y ha conducido acciones ante la jurisdicción penal internacional desde que se cometieron las primeras agresiones violentas del régimen del teniente-coronel Hugo Chávez, en contra de grupos opositores venezolanos, hasta la presente fecha, bajo la presidencia de Nicolás Maduro, caracterizadas, según su análisis, por ser sistemáticas, generalizadas y obedecer a una estrategia política desplegada desde las más altas esferas del poder político, que comprometen la responsabilidad penal de algunos de los funcionarios, que hoy ocupan o han ocupado altos cargos de la administración del prolongado régimen chavista-madurista..

¿ Cómo comenzó la activación de la justicia penal internacional en el caso de Venezuela?

Tuvo su origen en la muerte de un ciudadano español, José Antonio Gamallo, como consecuencia de los hechos ocurridos el 11 de abril del 2002. Su nacionalidad española fue el factor de conexión que permitió que se denunciaran aquellos crímenes en la Audiencia Nacional española. La madre de José Antonio, la señora Amelia Gamallo Guiven, me otorgó un poder para atender el caso de su hijo. Me fui a Caracas a buscar otras víctimas que quisieran denunciar en España y con ellas, representadas por algunos abogados que hoy integran el Foro Penal, presentamos la querella contra Hugo Chávez y 25 de sus más cercanos colaboradores.

¿Qué pasó con esa denuncia?

El Magistrado Fernando Andreu Merelles, quien conoció del caso, consideró que a Hugo Chávez no se le podía enjuiciar en España por ser un Jefe de Estado en activo de un país con el que España mantiene relaciones diplomáticas, pero ante la gravedad de los hechos ocurridos, consideró que debía enviar el expediente a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), jurisdicción en la cual, de acuerdo a lo estipulado en el Estatuto de Roma, no hay obstáculos para juzgar a Jefes de Estado.

Andreu Merelles ordenó la remisión del expediente y personalmente lo llevé a La Haya, como él había ordenado.

¿Es éste el inicio en ese largo camino en la Corte Penal Internacional, de lo cual es poco lo que se ha sabido?

Efectivamente, a partir del 2004 comenzamos a denunciar ante la Fiscalía de la CPI todos los crímenes que han venido ocurriendo en Venezuela. Lo hemos hecho de manera continua y sistemática con nuestro equipo de abogados de Consultores Cárdenas. A cada crimen cometido se presentaba la denuncia correspondiente. Sin embargo, Luis Moreno Ocampo, el entonces Fiscal de la Corte Penal Internacional se resistió reiteradamente a iniciar una investigación preliminar sobre estos hechos, y cuando lo hizo, habida cuenta de la cantidad de denuncias que le presentamos, fue para desestimarlas sin mayores explicaciones. Se acumularon en el llamado “Caso Venezuela” los delitos cometidos durante los años 2002, 2003, 2004, 2006, 2008 y 2010, cuando habían aflorado los nexos de Hugo Chávez con las FARC, de la cual era colaborador y cómplice.

Era obvio que Moreno Ocampo no estaba por la labor de investigar a los criminales del régimen chavista. Lo más cerca que estuvo de Venezuela, fue cuando visitó la embajada de nuestro país en La Haya, para tomarse una fotografía con Haifa El Aissami, la embajadora de Venezuela, hermana de Tareck El Aissami.

¿Que ha ocurrido ahora?

Han pasado muchas cosas, entre otras que ya es imposible ocultar la cara criminal del régimen, actualmente dirigido por Nicolás Maduro. Por esto, la nueva Fiscal, sra Fatou Bensouda, ante las reiteradas denuncias por estos crímenes y especialmente por los ocurridos entre los meses de abril y julio de 2017, ha optado por anunciar el inicio de un nuevo examen preliminar de estos delitos. En principio, dice que examinará lo ocurrido al menos entre el mes de abril y julio de 2017, pero es obvio que una investigación seria en la CPI no podrá esquivar los delitos cometidos en años anteriores, entre otras cosas, porque esos crímenes no prescriben.

Tenemos que precisar que también denunciamos los crímenes del año 2014, cuando murieron 43 personas, cientos fueron heridos y miles detenidos ilegalmente.

Tampoco podrán evitar que se investigue lo ocurrido con Óscar Pérez y su grupo a comienzos de este 2018, una auténtica masacre conocida por el mundo entero por lo videos que grabó el propio Óscar Pérez.

¿Que puede haber motivado el anuncio de la Fiscal de la CPI?

Lo primero que tenemos que precisar es que en diciembre del año 2016, le solicitamos al Parlamento Europeo que instará a la Fiscal Bensouda a iniciar una investigación de los crímenes ocurridos en Venezuela, y coincidencialmente, junto con el anuncio de inicio del examen preliminar, tenemos que en el Parlamento Europeo se ha dictado una resolución apoyada por una mayoría abrumadora, que además de referirse a las sanciones a funcionarios venezolanos violadores de derechos humanos, insta directamente a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a dar inicio a una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela.

Nuestra estrategia se basó en denunciar los retrasos que existían en la Fiscalía de la CPI y uno de los entes políticos que se encontraba más activo sobre la situación de Venezuela y de los que más nos han brindado apoyo era el Parlamento Europeo. Por lo tanto, nos resultó evidente que era un organismo ideal para nuestra denuncia, y afortunadamente, nuestra solicitud, tal como lo planteamos, fue recogida en la resolución del 8 de febrero del 2018.

¿Estaba la Fiscal al tanto de este proyecto de resolución y el momento que se iba aprobar? Por su puesto, los funcionarios internacionales están en constante comunicación sobre este tipo de hechos, por lo que creemos que el trabajo ante el Parlamento Europeo ha sido efectivo. Por supuesto, también el escenario geopolítico ha cambiado a favor de considerar los graves hechos ocurridos en Venezuela como de interés de la comunidad internacional. También los crímenes recrudecieron por los hechos del 2017. Lo cierto es que ahora se pone en marcha un órgano de las Naciones Unidas, como es la Corte Penal Internacional, para iniciar la investigación de estos delitos, que en esta ocasión esperamos no sea frustrada, pues estos hechos jamás han sido investigados imparcialmente. Cuando la justicia venezolana los ha investigado y juzgado, ha sido para librar a los delincuentes de sus responsabilidades penales.

¿Por qué la Fiscal habla de funcionarios supuestamente asesinados?

Estimamos que el documento fundamental para dar inicio a este examen preliminar, es el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, elaborado sobre lo ocurrido en Venezuela durante las protestas sucedidas entre abril y julio del año 2017, presentado el 30 de agosto en Ginebra y que consignamos ante la Fiscalía en La Haya, a inicios del pasado mes de septiembre. En dicho informe el ACNUDDHH, señala que han ocurrido alrededor de 140 muertes violentas, miles de heridos y detenidos ilegalmente, cientos de torturados y personas que han recibido tratos inhumanos y crueles, por una actuación caracterizada por el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades y grupos armados, en hechos que no son casuales y que considera forman parte de una estrategia de ataques sistemáticos a una parte de la población civil.

Esta descripción de los hechos define perfectamente los crímenes de lesa humanidad. Pero asimismo señala que algunas víctimas son miembros de los cuerpos de seguridad que sufrieron ataques violentos por parte de los manifestantes. A esto es a lo que se refiere la Fiscal. Será nuestro trabajo demostrar cómo realmente ocurrieron los hechos, que en estos pocos casos los manifestantes actuaron en legítima defensa, en contra de un enemigo que le superaba en número, con armas de fuego letales y haciendo uso desproporcionado de la fuerza.

Todos sabemos que la mayor parte de las víctimas fueron estudiantes que sólo portaban en sus manos un escudo de cartón.

¿Qué pasos siguen a partir de ahora, luego de la declaración y admisión por parte de la Fiscal de la CIP?

La Fiscal ha sido muy precisa al señalar que no es una investigación de la CPI, sino el examen preliminar de estos hechos por parte de la Fiscalía. Este es un análisis muy amplio en el que se estudia el asunto como “caso país”, es decir un análisis de su situación política, económica, y especialmente de sus sistema judicial, para determinar si está o no en capacidad de juzgar estos crímenes. Pero el Estatuto de Roma establece en su artículo 15 que tendrá que recabar información de las autoridades venezolanas, y aquí nos preguntamos, ¿a qué Tribunal Supremo acudirá? ¿Al que está en Venezuela o al que está en el exilio?; a qué Fiscal escuchará, a Tarek William Saab, o a la Fiscal Luisa Ortega?

También deberá recabar información de las organizaciones intergubernamentales, y es allí donde el Informe que elabora Luis Almagro, el Secretario General de la OEA adquiere gran importancia. Así mismo deberá atender las denuncias y criterios de las organizaciones no gubernamentales y de los particulares, y allí estaremos nosotros continuando con nuestro trabajo.

Lo cierto es que aparece una luz de esperanza para que estos crímenes no queden impunes, que es por lo que hemos luchado sin descanso durante más de 15 años.

Participación de otras Oganizaciones

William Cárdenas expresó al final de la entrevista su agradecimiento a todos los miembros de la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid (PDVM), la primera organización de venezolanos disidentes en España, haber confiado en nuestro trabajo durante estos 15 largos años de espera a que se abriera una puerta a la justicia. Asimismo, extender este agradecimiento a organizaciones no gubernamentales como la Asociación de Madres Venezolanas en el Exterior (AMAVEX), Resistencia Civil de Venezolanos en el Exterior (RECIVEX), el Frente Iberoamericano por la Libertad (FIAL), y todas aquellas asociaciones de ciudadanos, en diferentes lugares del mundo, que se integraron en la Campaña Internacional “Juzgar a Chávez”, para participar activamente en este esfuerzo colectivo de lucha por la defensa de los derechos humanos y del fin de la impunidad en Venezuela, en la que la paciencia y la constancia han sido las virtudes más resaltantes.”

Así mismo, a otros prominentes venezolanos como el ex Presidente del Consejo de Seguridad de la ONU Diego Arria, al embajador Víctor Rodríguez Cedeño, al ex-parlamentario Walter Márquez, y a los parlamentarios latinoamericanos y europeos que se han incorporado a ésta batalla por la justicia universal.

Por José Emilio Castellanos